Un grupo de padres y madres que tienen hijos con necesidades especiales se unen para rechazar el modelo educativo y las aulas enclave al considerar que es discriminatorio y segregador
Fragmentos de la Noticia
En 2020 el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU dictaminó que España había incumplido hasta siete artículos de la Convención con respecto al derecho a educación inclusiva de un niño con síndrome de Down. Ya en abril de 2024 denunciaba que la LOMLOE «permite un doble sistema de enseñanza discriminatorio» y que varias comunidades autónomas promulgan leyes que respaldan «los centros segregadores». Aunque apreció avances, cuestionó que «las evaluaciones psicopedagógicas y los dictámenes y resoluciones de escolarización resultan, en la práctica, en la exclusión de alumnos con discapacidad de su inclusión con apoyos individualizados en el sistema general de educación».
Y esto es precisamente lo que denuncia un grupo de padres y madres de Gran Canaria y Lanzarote que tienen hijos con necesidades especiales. Han hecho causa común y se han unido para intentar conformar una plataforma. Pese a que su caso particular es diferente, sostienen que las evaluaciones, dictámenes y resoluciones de escolarización son discriminatorias y no se cumple ni se garantiza el derecho a una educación inclusiva, que su funcionamiento se basa en adaptaciones curriculares generalistas, que no se atienden a las necesidades indivualizadas y que ni siquiera cuentan con los recursos necesarios. En los últimos años son varios los casos que han saltado a las redes sociales y medios de comunicación de familias que luchan contra la administración educativa canaria para que se cumpla este derecho, como es el caso de Cecilia y su hijo Ancor del que este periódico se hizo eco la pasada semana, o el de Elan, al que no le permitieron ir al viaje de fin de curso con su grupo de referencia (ambos en la imagen de este reportaje).
Denominador común
Cada una de estas familias tiene una historia distinta, pero todas con un denominador común: sienten que el sistema no les comprende, que se les coacciona y que no tienen derecho a decidir la educación de sus hijos. Además, denuncian que coartan el derecho a poder seguir escolarizándose en el futuro, ya que no podrán realizar estudios superiores porque no titulan y solo optarían a Formación Profesional adaptada o básica, de las que hay pocas plazas.
Por ejemplo, Carolina Buriticá no tiene ahora mismo escolarizada a su hija Victoria, de 8 años y con síndrome de Down, a la espera de una resolución de Educación tras diferentes quejas y discrepancias. Explica que le han «coaccionado» e impuesto que la niña acuda a un aula enclave después de realizar la educación infantil en un aula ordinaria. Asegura que desde el cambio le fueron recortando derechos, como las fiestas y las excursiones, por lo que no se están cumpliendo sus necesidades sociales.
Por su parte, Nazarena, madre de Álvaro, un niño autista de 5 años que cursa en aula enclave tras realizar infantil desde los 3 años en aula ordinaria sin el auxiliar de apoyo que exigió. El pasado año, tras el diagnóstico de TEA, determinaron el cambio pese a su negativa. Le aseguraron que la inclusión no sería de inmediato, sino que se haría de forma paulatina cuando el niño estuviera preparado. Insiste en que no hay inclusión, a pesar de que se «comprometen firmando actas engañosas, jugando con nuestro tiempo, con nuestra salud mental y sobre todo con el futuro de nuestros hijos».
Nayra Ramos detalla que su hijo Guennady, de 7 años y con síndrome de Prader-Willi, tiene una discapacidad del 56 por ciento. Explica que cuando tenía 5 años casi le obligaron a llevarlo a un aula enclave, a lo que se negó, porque el niño aprende, aunque más despacio. El cambio le haría retroceder, así que pide un auxiliar educativo.
«No estoy en contra de las aulas enclave, pero ahora no es el momento, sino que tenga un refuerzo, que tenga otro profesor de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE)».
El caso de Sara es diferente, tiene un hija de 7 años con síndrome de Down que está en un aula ordinaria de un colegio privado internacional. Como ella tiene posibilidades económicas para poder hacerlo y sabe las graves consecuencias que tendrían los niños y niñas que van a aulas enclave en el futuro, apoya a este grupo. Es maestra y conoce perfectamente que la sociedad les deja abandonados, sin una formación que les permita tener un trabajo cuando sean mayores.
Diferentes casos, mismo problema
Gisela, madre de Yael de 5 años, explica que su experiencia ha sido muy dura y solo ha sentido incomprensión. Con 3 años le dijeron que no era apto para aula ordinaria, por lo que derivaron a un aula enclave a otro municipio. Sostiene que si pudiera dar marcha atrás no lo hubiese aceptado «porque te hacen ver que no hay otra opción, pero la realidad es que los aíslan».
En cambio Joana, madre de un niño de 6 años con TEA, no se queja en sí de las aulas enclave sino del sistema, porque no tienen derecho a elegir la adaptación curricular de sus hijos, ni el centro, ni la modalidad. Lamenta que se les excluya para tener que incluirlos. Irene, madre de Elan que tiene 12 años, explica que ahora no está escolarizado porque Educación no le permite cambiarlo de colegio y tiene que «soportar» la dictadura a la que le someten. «No tenemos ni voz ni voto en la educación de nuestros hijos», asegura.
La hija de Elsa tiene 6 años y diagnóstico de autismo grado 2, moderado, por lo que tiene comprometida la parte de la comunicación, pero no tiene discapacidad intelectual, así que entró de manera forzosa a una aula enclave. Sostiene que en otras comunidades tienen otro tipo de modalidad con aulas TEA, que no supondrían ni más recursos ni más dinero y agrega que se incumple la ley educativa y que no tienen posibilidad de elegir. Opina que hay que cambiar el sistema porque no está bien organizado pese a que los recursos están.
«Te venden las aulas enclave como maravilloso, pero claro, a qué precio estás pagando eso, al precio de vender su futuro. Como sociedad le debemos un futuro a las personas con discapacidad y eso no se va a conseguir con ponerse calcetines diferentes un día al año, se conseguirá ofreciéndoles las oportunidades necesarias»
El hijo de Luis Bonales tiene TEA moderado y también achaca el problema al sistema y no a los colegios, y asegura que las familias pierden el poder de decidir y la administración no los atiende y se ven aislados. Hay mucha diversidad y no se individualiza, insiste. Sostiene que se les ha abandonado en una burocracia que no atiende a razones. El caso de Sara es diferente, tiene un hija de 7 años con síndrome de Down que está en un aula ordinaria de un colegio privado internacional. Como ella tiene posibilidades económicas para poder hacerlo y sabe las graves consecuencias que tendrían los niños y niñas que van a aulas enclave en el futuro, apoya a este grupo. Es maestra y conoce perfectamente que la sociedad les deja abandonados, sin una formación que les permita tener un trabajo cuando sean mayores.
Diferentes casos, mismo problema
Gisela, madre de Yael de 5 años, explica que su experiencia ha sido muy dura y solo ha sentido incomprensión. Con 3 años le dijeron que no era apto para aula ordinaria, por lo que derivaron a un aula enclave a otro municipio. Sostiene que si pudiera dar marcha atrás no lo hubiese aceptado «porque te hacen ver que no hay otra opción, pero la realidad es que los aíslan».
En cambio Joana, madre de un niño de 6 años con TEA, no se queja en sí de las aulas enclave sino del sistema, porque no tienen derecho a elegir la adaptación curricular de sus hijos, ni el centro, ni la modalidad. Lamenta que se les excluya para tener que incluirlos.
Irene, madre de Elan que tiene 12 años, explica que ahora no está escolarizado porque Educación no le permite cambiarlo de colegio y tiene que «soportar» la dictadura a la que le someten. «No tenemos ni voz ni voto en la educación de nuestros hijos», asegura.
La hija de Elsa tiene 6 años y diagnóstico de autismo grado 2, moderado, por lo que tiene comprometida la parte de la comunicación, pero no tiene discapacidad intelectual, así que entró de manera forzosa a una aula enclave. Sostiene que en otras comunidades tienen otro tipo de modalidad con aulas TEA, que no supondrían ni más recursos ni más dinero y agrega que se incumple la ley educativa y que no tienen posibilidad de elegir. Opina que hay que cambiar el sistema porque no está bien organizado pese a que los recursos están.
El hijo de Luis Bonales tiene TEA moderado y también achaca el problema al sistema y no a los colegios, y asegura que las familias pierden el poder de decidir y la administración no los atiende y se ven aislados. Hay mucha diversidad y no se individualiza, insiste. Sostiene que se les ha abandonado en una burocracia que no atiende a razones. Cecilia, la madre de Ancor, lleva meses luchando para que su hijo tenga una educación ordinaria tras lo que considera un mal diagnóstico. Lamenta que haya padres que sí quieren que sus hijos vayan a estas aulas y no tienen plazas, mientras que a otros se les obliga sin justificación.
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