Una manifestación en Sevilla exige a Moreno más fondos para poder garantizar al mismo tiempo la subida obligada de salarios de los profesionales y la calidad de las prestaciones que ofrecen
Asistentes a la manifestación por la financiación de colectivos de discapacitados (Sevilla).
«Ha llegado el momento de que las personas con discapacidad reivindiquemos lo que tenemos dado por derecho. No estamos pidiendo nada que no tengamos reconocido por ley». Así resume Nieves Márquez, presidenta de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Dis capacidad Física y Orgánica (Cocemfe) el sentir que movió ayer a 2.000 representantes del mo vimiento asociativo de personas con discapacidad en Andalucía a concentrarse en Sevilla para re clamar una financiación justa y un modelo de sostenibilidad. Los manifestantes reclamaron una actualización automática de los recursos económicos de la Junta en función del IPC y unas garantías que permitan la sostenibili dad y la calidad de los servicios que prestan a los 570.000 anda luces con más del 33% de disca pacidad -el 7% de la población- y sus familias. «No podemos de pender cada año de la voluntad política de los gobernantes», ad vierte Marta Castillo, presidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), en Andalucía, que promovió la manifestación.
Una de las principales preo cupaciones de las asociaciones es cómo afrontar el incremento salarial del 12% estipulado en los convenios con los trabajadores de los centros que atienden a las personas con discapacidad y que entrará en vigor el año que viene. «Las cantidades presupuestadas son las mismas que en 2024, sin un incremento de en torno al 10% o 12% cada entidad tendrá que apañárselas como pueda», ad vierte Castillo. Ese «apañárselas como pueda» se traduce en una reducción de la jornada laboral de los trabajadores, cuando no despidos, en un menor número de terapias que se prestan o en menos tipos de asistencia. «To do, en definitiva, implica un de trimento de la calidad de la atención», sentencia.
Esa merma ya la están sintiendo muchas de las 2.000 personas que, venidas de todas las provincias andaluzas y según el dato facilitado por la Subdelegación del Gobierno, se manifestaron en Sevilla, todas vestidas de negro, en señal de duelo por la situación tan crítica que atraviesan. «Es tamos sufriendo recortes, pero nuestras necesidades no disminuyen. Antes teníamos cinco in térpretes y ahora solo tenemos uno», explica por signos María Concepción Fernández, una mujer sorda de 73 años que ha ve nido desde Granada. «Tenemos muchas barreras. Necesitamos a los intérpretes para hacer nues tras gestiones, ir al médico… son necesarios en nuestro día a día, por eso necesitamos poder gritar y reivindicar nuestros recursos».
A su lado, Laura Martín, su intérprete de signos, asiente. Ella también teme que la subida sa larial, necesaria y acordada en el convenio, pueda afectar a su futuro laboral. «Pueden reducirnos las horas, o incluso pres cindir de nosotros», explica. Las entidades que se engloban dentro de Cermi generan 11.000 empleos directos y 30.000 indirec tos. Esa intranquilidad sobre su estabilidad se la trasladó Castillo al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, el pasado 11 de septiembre, pero el dirigente popular no se comprometió a incrementar las partidas presupuestarias. Ya entonces advirtieron de que iniciarían movilizaciones para visibilizar su si tuación. Estas han culminado en la manifestación multitudinaria de este martes que ha discurrido entre la Plaza de España y el Palacio de San Telmo, sede del Go bierno autónomo.
Desde la Junta de Andalucía, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, dice entender la preocupación de los convocantes, pero recalca que con el Gobierno de Moreno se ha incrementado hasta en un 24% el precio por plaza de los centros concertados para atender a personas con discapacidad, frente a la situación de «decalaje» heredada, según ella, de la etapa socialista, «que man tuvo seis años congelados los precios y en 2016 llegó incluso a re cortarles el dinero». Este año se ha incrementado el precio en un 4,5%, pero Cermi advierte de que la subida debería ser de entre el 10% y el 12%.
Las entidades reconocen la implicación de la Junta, pero reclaman que la financiación sea sostenible y que no esté pendiente de negociaciones e incrementos anuales. «Se ha pasado del convenio para fijar el precio por plaza a contratos administrativos, pero en ellos no se ha tenido en cuenta el incremento del coste de la vida, que es lo que queremos que se incluya. No solo han subido los salarios, también el IPC. La gasolina cuesta más, los alimentos…», señala Ana Ruiz, presidenta de Aproinla (asociación para la inserción laboral de personas con discapacidad) que vino en autobús desde Málaga. «El coste de la plaza de be ser justo y absorber los gas tos reales, porque de lo contra rio esos incrementos los tenemos que suplir las asociaciones con nuestros propios recursos, por lo que no podemos destinarlos a mejorar nuestros centros o nuevos servicios», abunda. «Calculamos que para que las entidades podamos mantener los centros y prestar servicios la Junta debe ría destinar 30 millones de euros para llegar al coste real del pre cio por plaza y todos los servicios que prestamos», indica la presi denta de Cermi Andalucía.
El coste real de la vida y los efectos en el devenir de las asociaciones de discapacitados lo ha percibido Gema, trabajadora social de la Federación gaditana de Personas con Discapacidad que empuja la silla de ruedas de Sonia. «Las facturas de la luz y las del agua no son las mismas que ha ce tres años, todos los proveedores han aplicado un incremento y si hay que pagar todo eso, hay menos recursos para destinarlos a los servicios, y respecto a nosotros, evidentemente, queremos que se nos suban los sueldos para poder prestar los servicios de manera digna y no precaria, pero también estamos observando las dificultades para pagar esos salarios», explica.
«Vivimos con el corazón en cogido», reconoce Márquez, que reivindica la importancia de los servicios que prestan las entidades que atienden a personas con discapacidad y los problemas para acceder a subvenciones. «Nuestros técnicos son trabaja dores sociales, especialistas en accesibilidad, en comunicación… Prestamos atención psicológica, asistencia personal, ayuda para el empleo. Hay convocatorias, pero no tenemos seguro que podamos acceder a esas ayudas, y si fallan, no podemos atender ni llegar a tantas personas que dependen de nosotros, porque al final somos la mano de las administraciones», abunda. «El 90% de las personas con discapacidad o sus familias pasan por alguno de nuestros centros y son usuarias de nuestros servicios», añade Castillo.
Una de las que se benefician de ellos es Jessica, de 42 años, que llegó a la manifestación desde Córdoba y empuja un andador. Tu vo un accidente de tráfico que le provocó una tretraparesia severa. «Mucha gente depende de los medios que nos ofrecen las asociaciones para poder vivir un poquito mejor, para terapia, para sanidad y para otras cosas que necesitamos y que no nos podemos financiar porque son muy costosas», indica. Ella ya ha notado la merma en la calidad de esos servicios esenciales. «Es más difícil coger cita para determinadas terapias y si no se sube el sueldo y no sube la financiación, los servicios se van a mermar todavía más», concluye.
Exigen que el presupuesto no dependa de pactos o la voluntad política 570.000 andaluces viven con más del 33% de discapacidad. Son el 7% de la población.
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