Fragmentos de la Noticia:
“Han pasado casi cuatro años desde de que se aprobó la ley, que aboga por avanzar en la escolarización del alumnado en centros ordinarios, pero cada vez hay más jóvenes en los centros especiales; hasta los defensores de la inclusión admiten que en las actuales circunstancias no es viable llevarla a cabo”.
“La situación es compleja, en eso están de acuerdo todas las partes. Por un lado está la ley –incluido un convenio internacional ratificado por voluntad propia–, que obliga en teoría a escolarizar a todo el alumnado en colegios ordinarios y dejar los de educación especial como centros de recursos especializados. Por otro, la realidad, que impide de facto que se cumpla esa misma ley –también hay acuerdo en esto, y aquí acaban las coincidencias–. Lo más grave, añaden expertos y profesionales pro inclusión, es que ni siquiera se avanza en esa dirección. Hoy, cuatro años después de que se aprobara la Lomloe con su disposición adicional cuarta y su década de margen para aplicarla, la situación del alumnado con necesidades educativas especiales está básicamente igual que antes de que se regulara”.
“O peor, argumentaría un defensor de la inclusión. Sin entrar en la interpretación holística de la inclusión que defienden los expertos (presencia, sí, pero también participación y aprendizaje), los números muestran que la escolarización de alumnos en los centros de educación especial va a más, contra lo que propugna la ley. En los últimos diez años se ha pasado de 418 estudiantes con necesidades educativas especiales en estos colegios por cada 100.000 matriculados a 517, un 23,6% más”.
“España se adhirió a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, una normativa de rango internacional que por tanto está por encima de las leyes orgánicas propias. Este tratado especifica en su artículo 24 que los Gobiernos asegurarán que “las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás”; que “se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales”; “se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva”. En una frase: todos los alumnos deben ir a los mismos colegios”.
“Asociaciones de familias favorables a la educación especial y las patronales de algunos centros aseguraban que esta disposición suponía la desaparición a futuro de los centros de educación especial en una reivindicación que traspasa lo educativo para mezclarse con empresarial: buena parte del sector son escuelas concertadas. Cuatro años después de que se aprobara, casi la mitad del camino previsto por la ley recorrido, no parece que el augurio se vaya a concretar. Entre otras cuestiones –relacionadas con la falta de voluntad política, lamentan los defensores de la inclusión–, porque el sistema ordinario no tiene capacidad, en las condiciones actuales, para atender adecuadamente a los niños con necesidades de apoyo más extremas”.
“Ahora mismo no está preparada”, sostiene Isabel Alonso, directora del centro de educación especial María Corredentora, en Madrid. Le faltan profesionales, a estos les falta formación específica (apenas se toca en el grado de Magisterio o el máster de formación del profesorado) y los espacios no están adaptados, explica. Enfrente, los centros especiales sí ofrecen todo eso. En su colegio, por ejemplo, hay 103 profesionales para 310 alumnos”.
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