La Universidad de Granada está metida en un buen lío, y con ella todos los que gastamos dinero en ella.
Por una vez no cabe echarle la culpa a la rectora, a la gerente, al interventor o a Burocracia Central. Cierto es que en ocasiones a los profes de la UGR se nos llevan los diablos cuando nos hacen rellenar papeleo innecesario o nos complican el proceso de contratación, como si fuésemos unos chorizos que nos morimos por robar un paquete de folios o un ratón de ordenador. Últimamente me enteré que todo el proceso de inventario de mi laboratorio (bueno, del laboratorio donde actúo de coordinador) no ha servido para nada porque alguien decidió que no cruzar bases de datos es muy retroguay.
Pero me disperso, así que vamos al grano.
Como sucede en todas las administraciones públicas, la UGR tiene reglas para comprar cosas. Dependiendo del coste podemos limitarnos a comprar material en el Corte Inglés y pasar la factura, o bien buscar un suministrador, y cuando el gasto supera cierto límite hay que echar mano de varios proveedores, hacer una petición de ofertas, contrastarlas, todo eso. La idea es que nadie aproveche el pastón que le han dado para renovar un laboratorio o comprar muebles y utilice el dinero para que su primo, que “casualmente” tiene una cuadrilla o una tienda de muebles, haga el agosto. En esos casos pienso en nuestros legisladores y me viene a la mente la expresión “piensa el…” No, mejor no lo digo entero. Vale.
El problema ahora es que el pasado 8 de marzo entró una ley (9/2017, de Contratos del Sector Público), supuestamente para cumplir unas directivas europeas. Son 264 páginas de BOE y paso de leérmelas, así que iré al grano.
Antes, cuando un contrato era inferior a 15.000, podías buscarte el suministrador que quisieras; si el montante supera esa cifra, hay que complicarse la vida. Hasta aquí nada nuevo bajo el sol. Lo divertido viene cuanto alguien se da cuenta de que ese límite de 15.000 euros no es para un solo contrato con un suministador sino para TODOS los contratos de TODOS los departamentos de TODO un año con un suministrador.
Según eso, si la UGR gasta anualmente más de quince mil euros en, digamos, bolígrafos, o papel higiénico, tiene que hacer concurso público. Antes cada departamento compraba los que necesitaba, los cargaba a servicios generales (¡seguro que ningún departamento se gasta quince talegos en bolígrafos!) y listo. Ahora habrá que esperar a que la Universidad haga el concurso público, nos consiga los bolígrafos al mejor precio y decida cuántos les va a dar a cada instituto, departamento o grupo.
Seguro que no es la primera vez que se usa este procedimiento de compras centralizadas, y seguro que no es la primera vez que acabamos con bolígrafos de mala calidad, entregados tarde y mal, y con un coste total superior a los BIC de la papelería de la esquina (porque la burocracia no es solamente lenta sino cara). Pero aunque sea así, el caso es que los bolígrafos acabarán llegando.
Hay ocasiones en la que ni siquiera esto es factible, y os voy a explicar una: material de laboratorio.
Cuando me hice cargo del laboratorio docente que coordino ahora, me dijeron que no me complicara la vida y comprara a PHYWE, un suministrador alemán. Si os pasáis por cualquier laboratorio de la sección de Física, veréis esa marca por todos lados. Parece como si nos hubieran untado a todos, o quizá los matones de PHYWE nos “convencieron” a estilo Capone de que no se trata de necesitar su material sino de comprarlo.
No es ese el caso, para nada. Sucede simplemente que los cacharros de PHYWE, aunque caros, duran más que un traje de pana. La mitad del material de prácticas que hay en los laboratorios actuales de mi departamento lo usé yo como alumno, allá por los ochenta, y las prácticas siguen funcionando. Es uno de esos casos en los que la calidad se paga pero cunde que no veas, así qu aunque tengo catálogos de otros suministradores, no les hago mucho caso.
Hace un par de días mi departamento aprobó la petición de material de prácticas con cargo a un programa anual de apoyo a la docencia. Podemos pedir hasta 25.000 euros, y eso es lo que vamos a pedir. Todo documentado, justificado y con facturas proforma, claro. Como al final nunca te dan todo lo que pides, el montante que recibimos será algo inferior (el año pasado nos concedieron 19.077,44 para todo mi departamento) No sé si será que los coordinadores compran a varios suministradores o que los chupatintas no prestan demasiada atención, o quizá es que todo ese material irá a varios laboratorios y no tiene un solo responsable, el caso es que hasta ahora no hemos tenido problemas en ese punto. A partir de ahora lo vamos a tener.
Y aquí está el detalle, que diría Cantinflas: a partir de ahora, con la nueva ley, el tope de 15.000 euros será para TODA LA UNIVERSIDAD.
¡Toda! Sólo el programa de apoyo a la docencia práctica de este año tiene una dotación económica de casi un millón y medio de euros (y por cierto, tres hurras para la Universidad de Granada por seguir apoyando económicamente los laboratorios docentes), y si sumamos todo lo que se gastará en los laboratorios de investigación, con dinero que proviene de la Universidad, de la Junta, del Ministerio, de fondos europeos… ni os cuento.
En el momento en que escribo estas líneas ni los mismos responsables de Burocracia Central saben qué vamos a hacer. Ya nos avisaron que, si queríamos pedir cosas, lo hiciésemos antes del 9 de marzo, y yo he cumplido gastándome una buena parte de los 400 eurazos que tengo para mantener el laboratorio durante este año 2018 (menos mal que tenía lista de necesidades ya hecha).
Se supone que para el 17 nos darán instrucciones sobre cómo proceder de ahora en adelante, y al parecer ya están haciendo modificaciones en el Acceso Identificado para nosotros. De momento, solo tenemos indicios. Por ejemplo, en el portal de facturación electrónica de la UGR, llamado PORFA (no es broma, se llama así) dicen que a partir del 17 «toda compra en la Universidad irá asociada a un expediente de contratación (tanto de compra menor como mayor)«
Asustaíco estoy. Seguiremos informando.
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