La construcción del Euro supuso un proceso cargado de negociaciones, pactos, acoplamientos e implementación de medidas.
Mediante el este breve texto, podemos comprobar los entresijos del proceso que condujo a la creación de la Eurozona.
Fuente: Comisión Europea
Mucho antes de que se redactara el Acta Única Europea, los economistas habían señalado que las economías de los Estados miembros tendrían que comportarse de forma más parecida —un proceso conocido como convergencia— si querían explotar colectivamente todo su potencial. La unión económica y monetaria debía ser el siguiente paso, difícil, pero necesario y deseable, para seguir avanzando.
En 1969, la UE se fijó el objetivo de lograr la unión económica y monetaria (UEM) antes de 1980. Sin embargo, el camino no fue fácil. Las recesiones de los años setenta paralizaron los trabajos sobre la UEM —y la consiguiente moneda única—al igual que frenaron los avances en otros ámbitos. El proceso se reanudó en 1978 con una colaboración más estrecha en lo referente a los tipos de cambio y se relanzó completamente en 1988, culminando con la conclusión de la primera de las tres etapas de la UEM en 1990. En ese año, por ejemplo, la UE suprimió las últimas restricciones aún existentes para llevar dinero de un Estado miembro a otro, realizar transferencias o invertir en otro país de la UE. En adelante, ya no habría que rellenar un impreso con objeto de adquirir divisas extranjeras para irse de vacaciones o estudiar en otro país.
Durante los años siguientes, se trazó una nítida línea divisoria entre las finanzas de los gobiernos y los bancos centrales. Los gobiernos ya no podían dirigirse a los bancos centrales para que emitieran más dinero con objeto de echarles una mano si no podían equilibrar sus presupuestos. La segunda etapa de la UEM se alcanzó antes de 1994, con la creación del Instituto Monetario Europeo (IME), el predecesor del actual Banco Central Europeo (BCE). Como parte de este proceso, los gobiernos se comprometieron a no «vivir por encima de sus posibilidades», fijándose unos límites para el endeudamiento que podían acumular y para sus déficit presupuestarios. Los países de la UE acordaron establecer un sistema de «vigilancia multilateral» o de supervisión, para controlar aquellas situaciones en las que las decisiones de política presupuestaria de un Estado miembro podían tener efectos nocivos sobre las economías de otros Estados miembros.
Los criterios de Maastricht
En 1992 se decidió que cinco criterios determinarían si un Estado miembro estaba preparado para adoptar la moneda única. Estos criterios son conocidos como los «criterios de Maastricht», por ser en esta ciudad donde se firmó el Tratado en el que se definían.
Los criterios hacen referencia a:
- La estabilidad de los precios: la tasa de inflación no debe exceder en más de un 1,5 % la de los tres Estados miembros que hayan tenido la tasa de inflación más baja el año anterior;
- El déficit presupuestario (la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos): ese déficit debe ser, en general, inferior al 3 % del producto interior bruto (PIB);
- La deuda: su límite se fijó en el 60 % del PIB, aunque un país con un porcentaje más alto puede, no obstante, adoptar el euro si su nivel de endeudamiento disminuye constantemente;
- El tipo de interés a largo plazo: éste no debe superar en más de un 2 % los de los tres Estados miembros que hayan tenido la tasa de inflación más baja el año anterior;
- La estabilidad de los tipos de cambio: el tipo de cambio debe haberse mantenido dentro de unos márgenes de fluctuación preestablecidos durante dos años. Estos márgenes son los del sistema europeo de tipos de cambio, un sistema opcional en el que pueden participar los Estados miembros que desean ligar su moneda al
El pistoletazo de salida para una unión económica y monetaria plena se dio el 1 de enero de 1999 con la adopción del euro por once Estados miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal y España. Grecia, que no cumplía inicialmente los criterios de Maastricht, adoptó el euro en 2001.
El euro se convirtió en la moneda oficial de esos once países desde el momento en que lo adoptaron, aunque no hubo billetes y monedas en euros hasta el 1 de enero 2002.
La unión económica y monetaria significa respetar un conjunto de normas agrupadas en lo que se conoce como «Pacto de Estabilidad y Crecimiento».
Estas normas están concebidas para asegurar que las finanzas públicas de los países de la UE sean sanas, que es importante para lograr un crecimiento sostenible.
Todos los años, la Comisión y los Estados miembros comprueban si se ha cumplido el Pacto. Para ello, cada país de la zona del euro proporciona la información necesaria en forma de un programa de estabilidad. Los países que no han adoptado el euro presentan programas de convergencia. Estos últimos incluyen, además, información sobre el comportamiento de estas economías a tenor de los criterios de Maastricht.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento obliga a todos los países de la UE a aprobar unos presupuestos equilibrados o casi equilibrados a medio plazo. Es decir, los Estados miembros de la UE no deben gastar más de lo que ingresan. De esa manera podrán evitar aumentos de sus déficit como los que en el pasado provocaron que los gobiernos tuvieran que subir los impuestos o dispusieran de menores recursos para gastar en sus ciudadanos o invertir.
Si el crecimiento económico se ralentiza, los ingresos fiscales disminuyen porque las empresas obtienen peores resultados, los ciudadanos consumen menos y los gobiernos necesitan gastar más en prestaciones de desempleo. En estas circunstancias, un cierto endeudamiento adicional puede estar justificado. Sin embargo, si se parte de unos presupuestos fundamentalmente saneados, los gobiernos deberían tener suficiente margen de maniobra para mantener sus déficit por debajo del 3 % del PIB.
El Pacto no es una camisa de fuerza. Los gobiernos pueden superar el margen del 3 % en circunstancias excepcionales. Las economías pueden atravesar por dificultades, sin que éstas se deban a una mala gestión gubernamental. Acontecimientos imprevistos pueden sacudir la economía internacional; por ejemplo, los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos o la subida del precio del petróleo que precedió a la guerra en Irak en 2003.
Si un Estado miembro infringe las normas del Pacto sin motivo justificado, se le conminará a que tome rápidamente medidas para corregir esa situación. Si no lo hace, la Comisión Europea y los demás países de la UE pueden imponer tales medidas. Si esto no es suficiente motivo para recuperar el control del presupuesto, el Estado miembro que incumple el Pacto deberá entregar en depósito a la Comisión una cantidad de dinero que no producirá intereses. Si pese a ello, el Estado miembro no pone remedio a la situación, podría perder todo ese dinero. Esta medida está justificada porque un déficit excesivo en un Estado miembro puede tener efectos negativos sobre los restantes países de la UE.
Asimismo, la Comisión supervisa constantemente la manera en que los Estados miembros cumplen los objetivos para conseguir una economía europea cada vez más integrada en todos y cada uno de los sectores, de las finanzas a la investigación y el desarrollo, de la energía a los transportes. También comprueba si al tomar las decisiones de política económica se han tenido en cuenta correctamente sus repercusiones sobre el medio ambiente. La Comisión supervisa, asimismo, los progresos realizados a la hora de crear puestos de trabajo y lograr que el mayor número de personas posible pueda acceder al mercado laboral. El objetivo primordial consiste en garantizar un crecimiento viable y una sociedad integradora.
El papel del BCE
Unos precios estables crean un entorno económico estable. El Banco Central Europeo (BCE) desempeña un papel crucial para garantizar esa estabilidad en la zona del euro, fijando los tipos de interés que utiliza en sus operaciones con los bancos, tipos que, a su vez, sirven de referencia para todos los tipos de interés de la zona del euro.
Su política se centra fundamentalmente en la inflación. Con sede en Frankfurt, el Banco Central Europeo es el eje del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). Todos los bancos centrales de la UE forman parte del SEBC.
