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Sobre la recurrente tentativa al desacato en la Universidad española

La universidad no es una sociedad mercantil, ni siquiera una empresa sin fines lucrativos, pero tiene estructura de empresa, tiene una plantilla de asalariados, tiene secciones/departamentos dirigidos por colegas aparentemente capaces, por el nivel formativo exigido, las acreditaciones y las pruebas selectivas a las que se han sometido hasta ocupar un puesto de PDI, tiene una sección de RRHH y una política de contratación… Disfrutamos de un trabajo singular. Ocupamos puestos con la mayor cualificación académica e investigadora requerida. Por ello, nos consideramos sobradamente solventes y resolutivos como para tomar decisiones sin revisión por pares o control. Por otro lado, somos empleados públicos que hemos jurado/prometido cumplir la constitución, pero en definitiva somos trabajadores por cuenta ajena. Estamos subordinados a una autoridad en quien recae la responsabilidad, en ocasiones civil. Estos cargos de responsabilidad son ocupados por miembros de la comunidad universitaria, algunos de libre designación y otros electos. Compañeros de diferente categoría profesional, que durante un tiempo de sus vidas laborales se dedican a la gestión, con mayor o menor acierto, pero suponiéndoles siempre que actúan por el interés general. No obstante, desde el PDI con frecuencia se cuestionan, llegando al desacato, las normativas y obligaciones reguladas por esos propios cargos directivos, aún fundamentadas en el derecho administrativo, pero entendidas como injerencias externas y parapetándose en la autonomía universitaria reconocida en los estatutos e incluso a veces en la manoseada libertad de cátedra. La lectura pervertida de estos derechos fundamentales del PDI se suele fundamentar en argumentos o postulados costumbristas, ajenos al reciclado profesional o al simple ejercicio responsable y comprometido de la profesión, pero sí a argumentos interesados en mantener una autonomía profesional plena (no supervisada, pero sin responsabilidades reconocidas), de facto una autocracia. Esta postura termina por desacreditar al regulador y por extensión, a la institución. Ciertamente, el exceso de regulación puede provocar ocasionalmente conflictos e imparcialidades que deberían ser resueltos por el oportuno cargo responsable, pero una regulación laxa resulta más lesiva, abierta a cualquier arbitrariedad de juicio. Un PDI puede tener una opinión bien delimitada de un asunto, incluso puede considerarlo injusto, inapropiado, pero la discrecionalidad técnica que nos ampara no puede llevarnos a juicios y acciones en contra de los principios de igualdad, mérito y capacidad o al desacato. Debemos ser ecuánimes: imparciales de juicio y constantes en su aplicación y el medido arbitraje o supervisión de ese juicio por parte de uno o varios expertos le proporciona garantías al sistema.

El constante cuestionamiento de la universidad española

La Universidad española lleva adoleciendo patológicamente un estado de constante reforma desde 1983. Si bien entonces las reformas estuvieron justificadas para modernizar las universidades españolas, muchas de las posteriores reformas y contrarreformas aprobadas por diferentes gobiernos apoyados en un maremágnum de indicadores de excelencia y especialización, pero con un velado trasfondo ideológico, no han ayudado a afianzar el modelo de Universidad que necesita la sociedad española actual. Como ejemplo ilustrativo, en febrero de 2015 se aprobó una modificación en el sistema de títulos universitarios [1] sin haber realizado aún la primera evaluación de los títulos impartidos conforme la LOMLOU. Esto revela la arbitraria cadencia de las reformas en España y su volatilidad.

La Universidad en España está sometida a un constante cuestionamiento, a pesar del nacimiento de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) [2] y sus homólogas regionales. En febrero de 2013, una comisión de expertos, nombrada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el objetivo de modernizar, internacionalizar y mejorar la calidad de las universidades, de modo progresivo, entregó el documento titulado “Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español” [3], que recibió duras críticas pero que sirvió para inspirar el contenido de los reales decretos donde se modificaba la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el de creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios.

En 2021 se aprobó el RD por el que se establece la Ordenación de las Enseñanzas Oficiales en el Sistema Universitario Español [4]. También se aprobó el nuevo RD que se establece la creación, adscripción, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios [5] y la derogación del Decreto de 8 de septiembre de 1954 que regulaba el Reglamento de disciplina académica de los Centros oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica [6]La nueva Ley de Universidades (LOSU) [7] está prevista para comienzos de 2022, que incluirá el (primer) Estatuto del Personal Docente e Investigador, después de 10 años de su anuncio.

A este escenario, hay que añadirle el estado de opinión que crean los medios de comunicación [9] cada vez que aparece un caso de corrupción [10], [11], abusos [12], [13], endogamia [14], [15] o científicos de élite no acreditados [16].

A pesar de las reformas, es especialmente preocupante la sistémica falta de financiación de las Universidades públicas españolas que debilitan, entre otras, las políticas de recursos humanos, del Personal Investigador en Formación como del PDI laboral, y con ello impiden la renovación natural de una plantilla cada vez más envejecida. En octubre 2020, el informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre el sistema universitario público andaluz [17] proponía una batería de medidas para mejorar su eficiencia y eficacia, entre las que se encontraban la eliminación de ciertos grados. Sin duda, las conclusiones de este informe sirvieron para forjar el nuevo sistema de financiación de las universidades públicas andaluzas [18].

Carrera investigadora en la UGR

El panorama actual dentro de la universidad española refleja la extinción de la carrera académica tal y como se conocía 15-20 años atrás. La principal vía de incorporación en la UGR como PDI, a excepción de ocasionales convocatorias de profesorado laboral (ayudante, ayudante doctor) por motivos docentes, es la investigadora. La UGR desarrolla una política de incorporación de recursos humanos de investigación y captación de talento, que junto con la nacional y regional (talentia), se traduce en una oferta variada a la vez que muy competitiva. Dentro del plan propio de la UGR, existen el ATHENEA 3I PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE TALENTO UGR-Fellows y los PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE JOVENES DOCTORES A NUEVAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN EN GRUPOS DE LA UGR. Infórmese en [1], [2] y consulte Carrera investigadora en España. Si es PDI estable, infórmese igualmente para conocer el nivel de exigencia de las convocatorias, de los condicionantes económicos y docentes de cada contrato, de su duración máxima, la posibilidad de prórroga, del carácter subsidiario de los programas de la UGR…

Tipos de PDI

El correcto uso del lenguaje debería ser la primera habilidad de todo docente. Lo mismo sucede cuando nos referimos al PDI. El sistema ofrece diferentes figuras/categorías, más allá de las anacrónicas “profesor numerario”, “profesor no numerario” o “becarios”. En sentido literal el PDI es el personal docente universitario reflejado en la legislación universitaria vigente, investigue o no. Mientras que el personal investigador es el referido en la ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aunque ambas legislaciones se refieran mutuamente. Contablemente, el gasto de PDI académico está en el Capítulo I y el de personal investigador en el VI del presupuesto de la Universidad. Sin embargo, la venia docendi permite a un contratado por investigación impartir docencia, dentro de lo que su contrato limite. Quizás una distinción rápida en la universidad entre el personal académico y el personal de origen investigador sean las siglas PDI vs. PdI. Sirva el siguiente glosario para enriquecer nuestro vocabulario:

  • Personal Investigador en Formación (PIF): personal investigador en formación [1] que disfruta de un contrato laboral con tal fin [2]. Más info [3].
  • Profesorado con vinculación permanente (PVP): PDI laboral fijo (profesor colaborador y profesor contratado doctor) o funcionario de carrera (cuerpos docentes universitarios). No confundir con Personal Docente Inventariable.
  • Profesorado sin vinculación permanente (PSP): PDI laboral temporal (Profesores Eméritos, Profesores Funcionarios Interinos, Profesores Contratados Doctores Interinos, Profesores Ayudantes Doctores, Profesores Asociados, Ayudantes, Profesores Visitantes, Profesores Sustitutos Interinos)
  • Personal Empleado Investigador (PEI): investigador de convocatorias públicas competitivas, del Art. 83 con cargo a proyectos/grupos de investigación [4] y otros investigadores contratados no incluidos en los anteriores casos. En este punto existen muchas y variadas figuras europeas y nacionales: ERC Grant, Ramón y Cajal [5], Juan de la Cierva [6], Contratos de Investigación de Empleo Juvenil [7], TALENTIA SENIOR [8], EMERGIA [9], Beatriz Galindo [10] y de la propia UGR: ATHENEA [11], incorporación de jóvenes doctores [12]… Dentro de los PEI existen figuras estabilizables en la UGR [13] que pueden, bajo concurso-oposición, optar a PVP.
  • Personal técnico de apoyo a la investigación: técnico que participa en la I+D ejecutando tareas científicas y técnicas, generalmente bajo la supervisión de los investigadores [14].
  • Cuerpos docentes universitarios: Catedráticos de Universidad (CU), Profesores Titulares de Universidad (PTU), Catedráticos de Escuela Universitaria y Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

Uni-toxicidad

Se ha sabido de situaciones tóxicas en la Biblioteca Nacional de España [1] durante la investigación del Ministerio de Cultura en relación a la desaparición de escritos de Galileo. En particular, el informe recoge que “se ha puesto de manifiesto que en la BNE se podrían estar produciendo situaciones de desconsideración y falta de respeto…sería conveniente que se realizara un estudio del clima laboral, complementado con una evaluación de riesgos psicosociales, que permita detectar en su caso situaciones tóxicas, con objeto de corregir estas, al mismo tiempo que pudieran implementarse acciones de carácter preventivo que mejoren las relaciones de trabajo, eviten posibles conflictos entre el personal que desempeña sus labores en la BNE, así como la comisión de faltas graves o muy graves”.

Este escenario tóxico resulta frecuente en el sector público, por sentirse el funcionario libre, sin la supervisión de una autoridad sancionadora, y cultivarse de esta manera la lucha de egos. La universidad pública no puede ser menos, vivero de vanidades, con su autocracia encubierta en la libertad de cátedra [2], velada desobediencia [3] y vetusto costumbrismo [4] [5]. El interés general y la vocación de servicio público no son los motores de los empleados públicos tóxicos. La receta es aislarlos del grupo, no tolerarles sus acciones interesadas y afearles públicamente las mismas.